El fraude de Salamanca

El fraude de Salamanca 

Jesús Laínz es abogado

Para nadie es un secreto que una de las piezas esenciales de la estrategia de los diversos partidos nacionalistas, de no importa qué región, es la perpetua falsificación histórica unida al victimismo con el que siguen presentándose como imprescriptibles víctimas del franquismo.

   Los efectos de esta falsificación histórica son bien conocidos por todos, y sería un error considerar que se circunscriben al limitado campo de la ciencia histórica. El más notorio e importante de estos efectos es la intoxicación ideológica en las aulas y los medios de comunicación con la que los nacionalismos han asegurado la perpetuación de su éxito político durante varias generaciones. Pero los aspectos más variados de la vida política nacional también se ven afectados por la intoxicación nacionalista.

   El último de ellos ha sido la discusión parlamentaria sobre la conveniencia o no de segregar el archivo que en Salamanca centraliza la documentación relativa a la Guerra Civil.

Dicho archivo acumula los documentos, de ambos bandos, que conservan para la posteridad una parte tan importante de la historia de España. Además de unificar tan ingente cantidad de documentos, continuamente se enriquece con nueva documentación llegada, sobre todo de los países en los que se concentró el exilio republicano.

Esta discusión, que en cualquier país ajeno a la paranoia nacionalista se vería limitada al campo de la utilidad y la economía, en España se convierte en un asunto espinoso, fuente de agravios y de acaloramiento. Y ello es debido a que lo que mueve a los diversos partidos nacionalistas, de izquierda y derecha ¬y, por contagio políticamente correcto, a sectores de otros partidos no nacionalistas, a exigir el envío a sus regiones de lo que ellos consideran patrimonio robado no es el interés por facilitar la investigación de los historiadores, sino la interpretación conscientemente maliciosa de la realidad histórica.

Porque los nacionalismos vasco y catalán llevan setenta años presentando lo que fue un enfrentamiento ideológico entre españoles de todas las regiones como una  guerra de agresión de España contra las naciones vasca y catalana. En los libros de texto que estudian hoy los escolares de dichas regiones se puede leer que sus «naciones» perdieron la Guerra Civil y fueron invadidas. En el País Vasco el efecto de esta «invasión» alucinada es que siguen saliendo hornadas de jóvenes descerebrados dispuestos a asesinar para conseguir la liberación de su patria oprimida por el ocupante español.

Y en Cataluña la manipulación no se queda corta. Además de los libros de texto con los que Pujol ha sembrado la cosecha electoral de ERC, existen páginas en internet en las que, por ejemplo, a los intelectuales y a otras personalidades catalanas que apoyaron al bando alzado, entre los cuales figuraban Eugenio D'Ors, Llorenç Riber, Salvador Dalí, Francesc Cambó, Federico Mompou, Joan Estelrich, Ramón d'Abadal, Josep Pla, Agustí Calvet, Llorenç Villalonga, Martín de Riquer, etc., se les califica como «ocupantes».

   El nacionalismo catalán considera un agravio que los documentos de la Generalidad continúen en Salamanca, considerándolo un robo, pues, como han escrito a menudo, «fueron tomados a sus legítimos propietarios contra su voluntad». Este argumento no se comprende bien, pues lo mismo podría estimarse de los documentos de los sindicatos asturianos, de los partidos andaluces, de las prisiones madrileñas, de las tropas aragonesas, o de cualquier otra combinación.

   Pero no es a la lógica donde hay que acudir en busca de una explicación, sino a la política. En agosto de 2002 el director del Arxiu Nacional de Catalunya, Josep M. Sans Travé, volvió a denunciar lo que considera un expolio a Cataluña, resumiendo la negativa del Gobierno Aznar a romper la unidad de archivo con esta curiosa afirmación:     «España actúa como país colonizador».

   Eso lo explica todo. De esa concepción fraudulenta que hace de la guerra en Cataluña no una guerra civil sino una invasión de un país extranjero, nace el absurdo de que la documentación en cuestión sea considerada un botín de guerra que debería ser restituido.

   Quizá sería exigible a nuestros políticos, de no importa qué partido, que tuviesen esto en cuenta a la hora de discutir y decidir sobre algo que debería ser juzgado solamente mediante criterios de lógica y utilidad para los profesionales de la Historia. Porque, de lo contrario, quizá también debieran ser enviados documentos del Archivo de Indias de Sevilla o del de Simancas a cada una de las provincias relacionadas con ellos.

 Aunque lo más importante es tener presente que, de ceder a la poco sostenible reclamación nacionalista, se estaría admitiendo la aberración de que la Guerra Civil de 1936-39 fue una guerra de España contra Cataluña y el País Vasco.

   Treinta años después de la muerte de Franco, ¿no habrá llegado ya la hora de poder empezar a hablar, discutir libremente y denunciar sin complejos todas estas mentiras de los nacionalismos que tan graves efectos han tenido y, lamentablemente, parece que van a seguir teniendo en el futuro?