¿Se
podría haber evitado la Guerra Civil?
STANLEY
G. PAYNE
El
18 de julio es la fecha más trágica de la Historia contemporánea de España y
sus efectos persisten de alguna manera en el siglo XXI. En años recientes se ha
despertado el interés por el género de la historia contrafactual, es decir, el
análisis de los escenarios o las consecuencias posibles de los grandes
acontecimientos históricos si hubiese sucedido algo distinto a lo que realmente
ocurrió.Aplicado al estallido de la Guerra Civil española, esto plantearía la
pregunta de cómo se podría haber evitado semejante catástrofe.
Cuando
se restauró la democracia en 1977, la preocupación de las principales fuerzas
era evitar un futuro desastre mediante la consecución de un amplio consenso
democrático. Sin embargo, este objetivo no pudo alcanzarse en 1936, en primer
lugar debido a la profunda polarización entre la derecha y la izquierda y en
segundo lugar porque los demócratas liberales del centro de la República -las
únicas fuerzas que en realidad buscaron un consenso democrático- quedaron
eclipsadas.
Las
fuerzas del centrorepublicano se encontraban gravemente debilitadas por
divisiones internas y pequeños escándalos -escándalos de ninguna manera
comparables a la enorme corrupción de la época de Felipe González- y fueron
prácticamente eliminadas en las elecciones polarizadas de febrero de 1936. Como
obtener un consenso amplio era, por tanto, imposible, la interrogante
contrafactual es en realidad si se pudieron haber adoptado medidas o mecanismos
políticos prácticos que hubieran evitado el desastre.
El
examen de las complejidades de la situación política durante la primavera y el
principio del verano de 1936 arroja dos alternativas prácticas. Una habría sido
un Gobierno de izquierda mucho más fuerte y autoritario, una administración
casi revolucionaria que simplemente habría aplastado a la derecha, lo que
habría hecho imposible cualquier rebelión contra sus políticas arbitrarias.La
segunda habría sido la formación de un Gobierno de unidad republicano más moderado,
aunque más amplio, entre el centro izquierda y de centro, ofreciéndose así una
alternativa más moderada y conciliatoria que por un lado habría contenido a la
izquierda revolucionaria y por otro habría conciliado a la derecha.
El
principal obstáculo de este escenario particular lo constituían el carácter y
las divisiones internas de la izquierda española. Los desacuerdos entre la
izquierda republicana y los socialistas habían contribuido al desastre
electoral de la izquierda en 1933 y lo que al final se conoció como el Frente
Popular fue la fórmula de la alianza que obtuvo una victoria contundente en las
elecciones de 1936.
El
Frente Popular, sin embargo, entrañaba contradicciones intrínsecas entre los
republicanos de izquierda de Azaña y los partidos obreros, que en aquel
entonces estaban en buena parte orientados hacia la revolución.
Los
republicanos de izquierda habían adoptado en 1934 una especie de programa
socialdemócrata, pero rechazaban la revolución colectivista. Su utopía seguía
siendo una república de izquierda, anticlerical y anticatólica, si bien basada
en la propiedad privada. Pero como los republicanos de izquierda no podían movilizar
más del 20% del voto, esta utopía no podría realizarse sin el apoyo de la
izquierda obrera. Dada esta división fundamental entre la izquierda
anticolectivista de clase media de Azaña y los partidos obreros, la primera
opción antes esbozada -un Gobierno fuerte con una izquierda unida que habría
dominado y controlado completamente la escena política-, no era posible.
Largo
Caballero y el sector ultrarrevolucionario de los socialistas insistían en que
Azaña debía gobernar en minoría con los republicanos de izquierda y, hasta
cierto punto, con el apoyo de los partidos obreros, lo que era intrínsecamente
un plan sin consistencia y se convirtió en la fórmula del desastre.
El
Gobierno de Azaña, creado el 19 de febrero de 1936, se fundamentaba en una
especie de apuesta que implicaba un riesgo calculado, pero cuyas probabilidades
de éxito no habían sido bien estimadas.
Por
un lado, Azaña y sus correligionarios estaban decididos a imponer su utopía
anticatólica progresista de clase media, objetivo que descartaba cualquier
compromiso con la derecha, pero sólo podían hacerlo con el apoyo de los
partidos obreros. Sin embargo, la izquierda republicana no compartía los
objetivos revolucionarios de los partidos obreros.
Por
tanto, Azaña apostó a que éstos estarían dispuestos a apoyar el reformismo
republicano socialdemócrata de la izquierda de clase media, al tiempo que
renunciarían lenta aunque ininterrumpidamente a la revolución.
Era
una apuesta que muy pronto comenzaron a perder, pues poco después de las
elecciones los miembros de los sindicatos obreros y de otras organizaciones
obreras reanudaron el proceso revolucionario de 1934.
Esto
trajo consigo la celebración de huelgas generalizadas que planteaban demandas
extremas, la confiscación ilegal y protorrevolucionaria de tierras, la
destrucción de iglesias bienes de la Iglesia, el embargo de edificios de la
Iglesia, la destrucción de propiedades rurales y la violencia política
generalizada. En mayo este proceso había comenzado a atemorizar incluso a la
izquierda republicana, pero Azaña y sus colegas persistieron en su apuesta, con
la esperanza de que el reformismo prevalecería y que la marea prerrevolucionaria
iba a decrecer.
Pero
a la vez debieron admitir que quizá esto no iba a suceder, lo que explica su
renuencia a purgar el cuerpo de oficiales del Ejército, pues si la ofensiva de
los trabajadores se descontrolaba, el Ejército sería la principal defensa del
Gobierno. Aunque el Frente Popular se había formado bajo el lema de pas
d'ennemis à gauche, a la larga la extrema izquierda se convirtió en motivo de
gran preocupación para los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga, aunque nunca lo
reconocieron públicamente.
La
instauración del Gobierno autoritario que exigían los revolucionarios habría
significado el fin de sus esperanzas, y de ahí que Juan Marichal, uno de los
principales especialistas en Azaña, haya escrito que cuando éste alcanzó la
Presidencia de la República en mayo de 1936, le preocupaba más el peligro de la
izquierda revolucionaria que la derecha radical.
Como
la izquierda republicana rechazaba la creación de un Gobierno revolucionario de
izquierda con plenos poderes, la única alternativa viable era un Gobierno de
coalición republicano más fuerte y amplio. Se debatieron varios planes para tal
alternativa desde el comienzo de las sesiones regulares de las Cortes, en
abril, hasta la noche del 18 al 19 de julio, cuando Diego Martínez Barrio
realizó un último intento desesperado.
En
un momento dado, los planes y las conjeturas para la formación de esta coalición
iban desde recurrir a la izquierda para incluir a los socialistas o a la derecha
para integrar al sector liberal de izquierda de la CEDA (Confederación Española
de Derechas Autónomas).
Las
más persistentes conjeturas no preocupaban tanto a la coalición panrepublicana
como la posibilidad de restablecer la alianza que la izquierda republicana y
los socialistas crearon entre 1932 y 1933 bajo el liderazgo de Indalecio
Prieto.
Este,
que se inclinaba más hacia la democracia social que hacia la revolución
violenta, presentó propuestas concretas para la formación de un Gobierno más
fuerte y resuelto, pero la participación socialista en el Gobierno se veía
constante e implacablemente vetada por los caballeristas revolucionarios.
Los
prietistas podrían haber dirigido un Gobierno de coalición, pero sólo a riesgo
de provocar la escisión del PSOE, un riesgo que se negaron a correr a pesar de
que las divisiones internas del Partido Socialista ya eran muy profundas.
No
obstante, las conjeturas sobre la formación de algún tipo de Gobierno de
coalición amplio dirigido por Prieto continuaron hasta junio.
Felipe
Sánchez Román, el más moderado de los líderes de la izquierda republicana (que
se habían negado a integrarse en el Frente Popular debido asus profundas
contradicciones) y una de las figuras a quien Azaña más admiraba, presentó una
propuesta distinta.En una reunión de su diminuto Partido Nacional Republicano
celebrada el 25 de mayo, Sánchez Román propuso crear una nueva coalición de
todos los partidos dispuestos a apoyar firmemente la Constitución republicana y
el orden público. Propuso incluir a todos los republicanos centristas, así como
a los socialistas, siempre y cuando estuvieran dispuestos a renunciar a la
violencia y a la revolución, lo que, tal como observó Sánchez Román, no era
probable.
Un
Gobierno de estas características actuaría contra todas las milicias políticas,
tanto de izquierda como de derecha, y velaría por el cumplimiento estricto de
la Constitución. Esta petición fue ignorada totalmente por su amigo Azaña
quien, pese a estar profundamente preocupado, de todos modos prefería seguir
apostando por la izquierda revolucionaria.
Miguel
Maura, uno de los fundadores de la República y de los pocos líderes que
quedaban del centro republicano liberal democrático, publicó una serie de
artículos en El Sol, principal periódico republicano de Madrid, en los últimos
días de junio. En ellos llegó a la conclusión de que la situación se había
degenerado tanto que la única esperanza de salvación era una «dictadura
nacional republicana» constitucionalista, un Gobierno especial autorizado por
el presidente de la República a legislar por decreto en casos de emergencia
-como ocurría frecuentemente en Europa durante la crisis de la Gran Depresión-,
para mantener el orden público de acuerdo a las normas de la Constitución. De
esta manera se podría evitar el dilema de si la izquierda republicana iba a
tener o no el valor de romper el compromiso revolucionario del Frente Popular
para encarar la cuestión de vida o muerte de la republica constitucional misma.
Pero
la propuesta fue ignorada, pues Azaña insistía en mantener el Frente Popular,
siempre con la esperanza de que su apuesta aún podía imponerse.
Incluso
después del macabro asesinato de Calvo Sotelo por policías y militantes
socialistas y comunistas insubordinados, el Gobierno de la izquierda republicana
se negó a hacer un solo gesto importante en defensa del orden público y del
cumplimiento de la Constitución republicana, como tampoco hizo el menor
esfuerzo por conciliar a una oposición golpeada. Azaña y Casares Quiroga se
dieron cuenta de que esto provocaría una revuelta militar, pero supusieron que
sólo sería una repetición de la débil Sanjurjada de 1932 que podría reprimirse
fácilmente y que dejaría al Gobierno más fuerte que nunca. No comprendieron que
una prueba tan espectacular de la ausencia de orden público iba a provocar una
sublevación importante.
La
noche del 18 al 19 de julio, cuando Azaña por fin lo comprendió, autorizó a
Diego Martínez Barrio, el líder más moderado del Frente Popular, a formar un nuevo
Gobierno de coalición con todos los partidos republicanos, que por primera vez
iba a incorporar al centro republicano.
Martínez
Barrio intentó establecer un amplio compromiso que posiblemente habría evitado
la Guerra Civil, de haberse hecho antes, pero ya era demasiado tarde. Por
definición, es imposible evitar algo una vez que ha comenzado a ocurrir.Por un
lado, los militares rebeldes se negaron a llegar a ningún compromiso. Por otro,
tanto los socialistas como la extrema izquierda republicana comenzaron a
manifestarse contra el nuevo Gobierno de centro. Incluso sólo cinco días antes
este plan habría tenido cierta posibilidad de éxito. Azaña había esperado
demasiado y su apuesta por el Frente Popular -que nunca estudió seriamente-
había fracasado.
El
Frente Popular de febrero de 1936 sería reemplazado por un régimen
revolucionario que iba a llevar adelante la revolución y luchar en una guerra
civil total.
Stanley
G. Payne es historiador, autor, entre otras obras, de El fascismo y El régimen
de Franco.
